Dos denuncias sobre la Registraduría

Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción, denunció hoy en su columna de opinión de la revista Cambio que un funcionario de la Registraduría le dijo a los supernumerarios que si quieren quedarse trabajando en la entidad deben tener un padrino político importante y que ojalá de plata.

Los supernumerarios son vitales para las elecciones que vienen y en muchos casos son delegados en puestos de votación donde digitan y cargan la información del primer conteo, uno de los momentos de mayor riesgo de fraude electoral.

El pasado viernes, John Jairo Hernández, del área de talento humano, hizo una presentación en la que sostuvo que si querían quedarse trabajando en la Registraduría dependían en buena medida de “su amistad o su conexión política, su recomendación”.

Y agregó, también lo voy a citar textualmente: “el más importante es el dinero porque puede ser muy bueno que me trajo el senador tal mejor dicho”.

La gravísima denuncia, documentada con video, aún no ha sido respondida a esta hora por el polémico registrador Alexander Vega, quien debería ser el garante de la transparencia del proceso electoral.

Estas elecciones pueden convertirse en las más discutidas desde 1970.

Es muy importante que en las votaciones se cumpla una regla de oro para la democracia: Que tengamos reglas ciertas y resultados inciertos.

Sin embargo, cada día surgen mayores dudas sobre la Registraduría.

El pasado mes de enero, el registrador Alexander Vega, a través de su delegado para asuntos electorales, le solicitó al Consejo Nacional Electoral que suspenda la norma que dispone que los votantes deben poner su firma y su huella en un formulario al momento de votar.

¿Por qué es importante esa medida?

Porque reduce los riesgos de suplantación de electores.

La Registraduría argumenta que la medida debe suspenderse porque, a juicio de sus funcionarios, firmar y poner la huella aumenta los riesgos de contraer coronavirus.

La base científica del delegado del registrador Alexander Vega es ninguna.

Desde luego deben tomarse medidas sanitarias, para evitar la propagación del COVID-19 pero no veo cómo el riesgo sanitario aumente si los electores firman un formulario y ponen la huella como se ha venido haciendo en las últimas elecciones.

En cambio la supresión de la medida aumentaría gravemente el riesgo de fraude electoral.

Alirio Uribe, el abogado defensor de derechos humanos, interpuso una acción de tutela contra la solicitud de la Registraduría.

En un país donde votan los muertos y hay compras masivas de votos, como lo está mostrando el escándalo Char-Gerleín-Aida Merlano, se levanta la ley de garantías; se necesita extremar la mirada vigilante de los ciudadanos y de la prensa.