Defensoría del Pueblo pide unificar cifras de desaparecidos en Colombia

El informe es sobre el Mecanismo de Búsqueda Urgente y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas, que contó con el apoyo y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja pone la lupa en la urgencia de mejorar la coordinación entre todas las entidades del Estado colombiano para entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano. Así lo explica el defensor Carlos Camargo.

«Debemos mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano».

Según cifras de Medicina Legal, entre 2017 y 2021 un total de 16.361 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 10.362 son hombres y 5.999 son mujeres. En este caso, se considera que alrededor del 20% de los casos corresponden a desapariciones presuntamente forzadas. Las cinco regiones que más han reportado hechos de desaparición son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander; de la misma forma la mayor parte de las cifras corresponden a desapariciones forzadas que se derivan del conflicto armado.

La Unidad para las Víctimas desde su creación en el 2011 registra al 31 de agosto de 2021 un total de 50.522 víctimas directas de desaparición forzada y 136.565 víctimas indirectas que corresponden a familiares. Además, el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2017. Para el defensor del Pueblo Carlos Camargo considera necesario y prioritario que exista un reporte unificado de estas cifras por el respeto a los familiares de los desaparecidos.

«Consideramos que es necesario que el país cuente con un reporte unificado de cifras, para evitar que se creen vacíos de información y brindar una respuesta institucional efectiva, que con políticas públicas integrales permita cumplir con la garantía de los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias».

El foco debe estar en dar respuestas y apoyo en esta búsqueda a los familiares porque muchas veces les toca asumir la búsqueda con sus propios medios y riesgo, desconociendo las normas que los protegen, sin apoyo jurídico ni económico y, además, enfrentando la indiferencia de algunos funcionarios. Un objetivo de este informe es sentar las bases para que esto cambie y sepan que no están solas en este proceso.