No se pueden realizar desalojos sin antes brindar vivienda digna

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio al estudiar el caso de un grupo de personas en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, que presentó una tutela por el desalojo de su vivienda en un predio llamado ‘Casa Campesina’.

El proceso de desocupar el lugar, iniciado en el 2019 y la declaratoria de bien público del inmueble en el 2005, teniendo en cuenta la difícil condición económica de los 13 habitantes, violaba su derecho a una vivienda digna.

Para la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado no era posible admitir que de una ocupación irregular salgan derechos de propiedad para los accionantes, a pesar de estar viviendo en el predio desde el 2004.

No obstante, la Corte declaró que la Alcaldía y la Inspección del municipio, violaron el derecho a una vivienda digna, por la manera en la cual se hizo el desalojo del predio, ya que en este caso se goza de protección constitucional, dada la situación prolongada de ocupación del mismo.

Por lo cual, la Corte revocó parcialmente las sentencias de primera y segunda instancia que negaron la tutela y amparó el derecho a la vivienda digna. También advirtió que no hay lugar a una suspensión indefinida de la orden de desalojo, y otorgó 30 días a la Inspección de Policía de Paz de Ariporo para que garantice una medida de albergue temporal, la cual se podrá consistir en un subsidio o la adecuación de un espacio en condiciones acordes con el derecho a la vivienda digna, durante 7 meses.

“Una vez se cumplan las órdenes, las autoridades cuentan con la legitimidad y legalidad para adelantar el procedimiento, aun cuando la comunidad se niegue a su reubicación provisional”, explicó la Corte, ya que les corresponde a las autoridades administrativas adoptar acciones para proteger a corto, mediano y largo plazo, el derecho a la vivienda digna, en particular, para la población ocupante que presenta una condición de extrema pobreza y es sujeto de especial protección constitucional.