Los desafíos que tiene que superar la consulta anticorrupción

08 Jun 2018
Los desafíos que tiene que superar la consulta anticorrupción

Con el aval que el Senado le dio este martes a la consulta popular anticorrupción, este mecanismo de participación ciudadana logró dar un paso trascendental para su realización. Sin embargo, le quedan varias etapas por recorrer y distintos retos, a nivel jurídico y político, por superar.

 

El presidente Juan Manuel Santos tiene ocho días –desde el momento en que el Congreso le remita el acta del concepto favorable– para definir la fecha de su realización.

La decisión tomada por la corporación será informarda al Presidente esta tarde. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que la fecha máxima para la realización de la consulta sería el 2 de septiembre. Y agregó que “el Gobierno comparte los temas” sobre los cuales los colombianos se pronunciarán, pues “son asuntos que tienen que ver con una mayor transparencia en la administración pública”.

El hecho de que esta sea la primera vez que se utiliza esta figura, después de 27 años de haberse diseñado en la Constitución de 1991 para que los ciudadanos se pronuncien sobre asuntos de trascendencia nacional, ha abierto interrogantes sobre vacíos que se pueden presentar.

A juicio de expertos consultados por EL TIEMPO, como Néstor Osuna, profesor de derecho constitucional de la Universidad Externado, desde el punto de vista jurídico hay discusiones sobre la constitucionalidad de al menos dos de las siete preguntas de la consulta: la reducción de los salarios de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado y el límite de los periodos para los senadores, representantes a la Cámara, diputados y concejales. 

Para el constitucionalista Darío Martínez, una de las dudas que surgen es si por esta vía es posible hacer algunas de esas modificaciones, en caso de ser aprobadas por la ciudadanía, pues se trata de reformas de la Constitución.

Los juristas consultados llaman la atención sobre la disposición de la ley estatutaria 134 de 1994, que regula esta figura, según la cual “no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la Constitución Política”. 

De igual forma, señalan que la ley estatutaria 1557 de 2015, que también reglamenta la consulta, prohíbe poner en marcha mecanismos de participación democrática “sobre iniciativas inconstitucionales” y dice que no serán objeto de consulta, entre otros, los asuntos relacionados con iniciativas reservadas al Gobierno, como el salario de los congresistas. 

La excandidata presidencial Viviane Morales también dice que “no se puede modificar a través de una consulta popular el texto de la Constitución” y, en efecto, que la consulta aprobada “modifica dos artículos de la Carta Política” y además “repite lo que ya consagran varias leyes”. 

Está claro que, en sí misma, la consulta no reforma directamente la Constitución, pero si la mayoría de los votos válidos requeridos aprueba estos puntos, le darían un mandato al Congreso para que tramite las reformas.

La reglamentación también ordena que si el Congreso no expide las normas máximo en el periodo de sesiones siguiente, el presidente de la república podría hacerlo a través de decretos con fuerza de ley.

Al profesor Osuna también le parece absurdo que el control de constitucionalidad de las preguntas de la consulta se haga posterior a las votaciones y no antes.

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