Uribe y Vargas Lleras arremeten contra el acuerdo entre el Gobierno y el Comité del Paro en Buenaventura

Una dura polémica se generó luego de conocerse el documento del supuesto acuerdo entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro, que fue firmado este jueves 27 de mayo en Buenaventura. De acuerdo al folio, el Ejecutivo permitió un corredor humanitario denominado ‘por la Vida y por la Paz’ para que se puedan abastecer de alimentos y otros víveres con la mercancía que entra y sale del puerto.

La decisión fue duramente criticada por varios políticos colombianos, incluidos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se fue contra el acuerdo y aseguró que no sol hace que el Gobierno “pierda la autoridad”, sino que también ocasiona la pérdida del “Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”, trinó muy temprano en la mañana de este viernes el también jefe natural del Centro Democrático, el partido de Gobierno.

De acuerdo con otras figuras políticas, como el exvicepresidente de Cambio Radicial, Germán Vargas Lleras, quien publicó un trino con el acuerdo, este tipo de negociaciones ocasionarían que se conciba una veeduría ciudadana sobre lo que sale, entra y se distribuye desde uno de los puertos más importantes en Colombia, además, otorgaría a “los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga”; clificó el acuerdo como un “exabrupto”.

En el documento se acuerda que se podrá hacer abastecimiento de los productos desde el puerto de Buenaventura, pero no podrían ingresar estos elementos a las terminales portuarios. Algunos de los productos que se distribuirán son: comida, combustibles, químicos, servicios y equipamiento médico, insumos para la atención de la salud, residuos sólidos hospitalarios, biosanitarios y domiciliarios, entre otros.

Aunque Uribe y Vargas Lleras aseguran que con este acuerdo se pierde la legitimidad del Gobierno sobre los bloqueos en el país, el viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, desmintió dicha interpretación y aseveró que el gobierno de Iván Duque “no ha cedido un centímetro de institucionalidad”, además, en respuesta al jefe de Cambio Radical, dejó el siguiente mensaje:“No hemos facultado a particulares a inspeccionar carga en Buenaventura. Esa facultad la ejerce de manera exclusiva @PoliciaColombia. Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad”, aclaró Díaz.

Esas no fueron las únicas reacciones políticas. El uribismo se unió a las críticas de su mentor: por s parte, el senador de esa bancada, Gabriel Velasco, cuestionó el otorgamiento de nuevos ‘poderes’ a los organizadores del paro nacional y dijo que le “preocupa que este acto legitime las vías de hecho como forma de presión al Estado. Diálogo sí, pero sin ceder la institucionalidad”, sentenció.

En el acta del acuerdo entre ambas partes se estableció que la Policía Nacional será la encargada de inspeccionar las garantías y seguridad de las tractomulas y vigilar, de manera documental, que se cumpla con las entregas sin afectar alguno de los procesos.

Sin embargo, sobre esta premisa también hubo críticas, pues se estableció que habrán máximo 10 delegados del Comité del Paro que acompañarán el proceso y harán el registro fotográfico y fílmico; lo que a muchos no les gustó porque, aseguran, la fuerza pública se puede encargar del proceso de veeduría.

Se esperan nuevas reacciones al cuerdo que fue avalado por el viceministro de Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo y Díaz Granados, viceministro de Relaciones Públicas.